SEMANA TRÁGICA.

Amistades mías:
Reciban cordialmente mis saludos.
En menos de una semana, el Perú ha vivido un par de hechos trágicos, que ponen en clara evidencia la poca vocación democrática del gobierno del presidente Alan García Pérez.
El primero de ellos, fue la práctica estatización del canal televisivo “Panamericana Televisión”, acción que poco después, el gobierno, ante la presión popular, tuvo que desandar. El segundo, más lamentable aún, ha sido el enfrentamiento entre civiles y policías, que ha dejado como saldo, de aproximadamente una cincuentena de ciudadanos peruanos muertos (*) y más de un centenar de heridos (entre civiles y policías) en la región de Amazonas, en la amazonia peruana.
En el ínterin, en un programa periodístico, un ex congresista declaraba de que si el presidente peruano había intervenido Panamericana, fue porque le picaban las manos por estatizar algo (con ello aludía, sin lugar a dudas, al tristemente célebre intento de estatización de la banca, que si dio en el año 1987, bajo el primer mandato presidencial de Alan García [1985 - 1990]). A ello se le puede agregar, sin ningún temor a equívoco, que al presidente García le picaban las manos por enjugárselas con sangre (aquí se alude directamente a las masacres de El Frontón, Cayara y Accomarca, perpetradas bajo el primer mandato del Alan García).
Cabe anotar que no todo es blanco y negro, pues el gobierno de García no es la infame dictadura de Alberto Fujimori (1990 - 2000), ni tampoco es el desastre social y económico que fue su primer mandato presidencial. Sin embargo, este gobierno demuestra una seria incapacidad, para dar soluciones democráticas a los problemas que aquejan al país.
En el caso de “Panamericana Televisión”, el gobierno pasó por encima de todos los procedimientos administrativos, legales y jurídicos, y se hizo con la administración de la mencionada empresa televisiva, a través del ente encargado de la recaudación tributaria (SUNAT), tomando como pretexto el que dicha empresa se había declarado en insolvencia (quiebra) y que la SUNAT era su mayor acreedor.

En el caso de los disturbios ocurridos en la amazonia peruana (que se desataron luego de que el gobierno de García, enviara a reprimir el bloqueo de una carretera tomada por indígenas de la amazonia), el poder ejecutivo, y su bancada parlamentaria, pudieron evitar los luctuosos sucesos de este viernes 5 de junio, de no haber dilatado por cerca de dos meses, la derogatoria de los decretos presidenciales declarados como inconstitucionales, no solo por la comisión parlamentaria encargada de dichas cuestiones (la comisión de constitución), sino también por el ente encargado de velar por los derechos de las y los ciudadanos peruanos (la defensoría del pueblo).
En el caso de “Panamericana Televisión”, se ha sentado un peligroso precedente que deja al país como un destino poco favorable a la inversión privada (la que, irónicamente, el presidente García dice promover), pues si el gobierno va a intervenir las empresas privadas, violando el ordenamiento jurídico legal peruano, ningún inversionista nacional o extranjero sentirá confianza para colocar sus capitales en el Perú.
En el caso de los disturbios ocurridos en la amazonia peruana, estos fueron respuesta a los abusos que venía cometiendo los sucesivos gobiernos peruanos (incluido el de Alan García), en contra de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades nativas, relegadas y olvidadas por el estado peruano desde siempre (por estos hechos, el “Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU”, mucho antes del enfrentamiento último entre civiles y policías en Amazonas, llamo la atención al gobierno peruano, por no cumplir los compromisos asumidos por el estado peruano). Cabe anotar que el levantamiento indígena de la amazonia se hubiera conjurado, con la previa información y consulta a las comunidades nativas de la selva, de las disposiciones que se dieron como decretos presidenciales, obligación que el gobierno peruano tenía, según los acuerdos internacionales suscritos por el Perú (Convenio 169 de la OIT) y, sobre todo, según la mismísima constitución peruana (precisamente esta no consulta a las comunidades nativas de la selva, ignorando y atropellando sus derechos, es la que convertía a los decretos presidenciales en inconstitucionales).

Hay que lamentar que estos hechos, debilitan el sistema democrático y abona el terreno para que gobiernos fascistas y dictatoriales se hagan con el poder. Si Alan García sigue gobernando el país, pasando por encima de los derechos de las y los ciudadanos, no tardara en encumbrase como “presidente” un indisimulado emulo de Morales o Chávez.

Se despide su amigo uranista.

Ho.

(*) Hasta el domingo, el gobierno peruano afirmaba que oficialmente había 32 muertos (23 policías y el resto civiles), mientras que algunos dirigentes indígenas y especialmente la Aidesep (Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana), confirman a treinta indígenas muertos.