lunes, 3 de junio de 2013

ALGUNOS APUNTES SOBRE EL EJERCICIO DEMOCRÁTICO DEL PODER, LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO (EL CASO OLLANTA HUMALA/NADINE HEREDIA).

Queridas amistades:
 
Reciban mis cordiales saludos y mis mejores deseos.
 
1. Lucha de poder.
En el Perú, el presidente de la república está sujeto a una serie de comentarios, que giran alrededor de su forma de ejercer el poder. En tal sentido, no se habla bien del presidente, pues supuestamente la relación entre el jefe del ejecutivo peruano y su cargo esta mediatizada por su señora esposa. Por consiguiente, o se habla de la pareja presidencial y se dice que hay un “cogobierno”, ejercido por el presidente y su “señora” (según los mejores comentarios opinantes), o se habla de que el presidente es un “saco largo” (un mandilón) y es la esposa del mandatario la que “lleva los pantalones” y rige los destinos del país (según los peores comentarios). Aquí lo peor es que ambas posturas son altamente cuestionables.
En todo caso, lo que revelan estas “opiniones” es una determinada visión acerca de cómo se debe ejercer el poder y cómo deben ser las relaciones conyugales. A todas luces estas visiones no toman en cuenta los progresos de la modernidad, ya que responden a sendas posturas conservadoras y patriarcales, tanto sobre el ejercicio de poder, como con respecto a las relaciones maritales.
En el segundo caso, el de las relaciones maritales, las “opiniones” parten de la visión de que en una relación conyugal hay roles de género separados y bien definidos. En tal caso, se supone que hay dos esferas independientes con espacios y competencias que no pueden entrometerse entre sí. El marido manda y la marida obedece, el esposo se desenvuelve en el ámbito público y la esposa en el ámbito privado. El cónyuge “trabaja” y la cónyuge se ocupa de las “labores domésticas”. Siendo así, un presidente ejerce el ejecutivo y su “señora” (la “primera dama”) se encarga de las “labores sociales”.
Siguiendo este esquema, toda la visión progresista (feminista) acerca de la igualdad de género en el ámbito conyugal no tendría razón de ser. Para los adalides de la separación de roles y competencias (visión patriarcal y machista), la visión progresista (feminista) acerca de que en un matrimonio la pareja comparte no solo sus labores y quehaceres, sino, también, la toma de decisiones, es completamente inaplicable si se trata del ejercicio de poder (el ejercicio de una función pública gubernamental, ya sea como regidor, congresista, concejal, ministro, alcalde o presidente, todo en masculino).
 
2. Equidad de género.
Y dado que, hasta hace unas décadas, las funciones públicas gubernamentales eran ejercidas solo por varones, la participación mujeril aun es objeto de “controversias”. Por ejemplo, aun hay gente que se pregunta cuál es la labor del “primer caballero” de la república, en caso de que la presidente sea una mujer, o peor, se sigue especulando acerca de la capacidad de la mujer para ejercer cualquier cargo (todo esto sin tomar en cuenta la práctica coerción que obliga a que las mujeres se masculinicen mientras ejerzan el poder).
Ahora bien, en el primer caso mencionado, el ejercicio de poder, no se puede obviar el hecho de que el acceso de las mujeres a los cargos públicos, pone en jaque, hasta cierto punto, la visión conservadora, patriarcal y machista sobre el ejercicio de poder. Sin embargo, la visión individualista liberal (y ojo, digo individualista liberal por que el “logro” cultural del individualismo no es patrimonio exclusivo de la ideología liberal) plantea, en cierto sentido, algo así como que el hombre es una isla, separada de todo lo que hay a su alrededor. Bajo esta premisa, quien ejerce el poder, en especial desde una función gubernamental, un cargo público (como el de presidente de una república), lo hace bajo su entera e individual responsabilidad. Obviamente se trata de un supuesto, dado que una “autoridad” siempre está rodeada de asesores, consejeros, amigos, franeleros y varios funcionarios públicos de diversos rangos (todo en masculino), que tienen no solo influencia sino también responsabilidad sobre las decisiones tomadas por quien ejerce el poder.
En estas circunstancias casi nadie parece objetar el ascendiente que un ministro, parlamentario, asesor, consejero, amigo, o lo que fuere, pueda tener sobre la toma de decisiones de un presidente. Mas si ese ministro, parlamentario, asesor, consejero, amigo, o lo que fuere, resulta ser una mujer, la cuestión como que cambia. Y peor si se trata de la cónyuge. Inevitablemente este doble estándar no deja de devenir en una mirada etnocentrista.
Al respecto, cierta historiografía tradicional mayormente parece no cuestionar el ascendiente de funcionarios varones sobre las y los gobernantes, sobre todo si la influencia ha sido coronada con el éxito (como en los casos de Richelieu sobre el rey Luis XIII, Cecil sobre la reina Isabel I o de Churchill sobre el rey Jorge VI), ni tampoco cuestiona el ascendiente de amantes o esposos sobre las “grandes” soberanas (como en el caso de Potemkin sobre la emperatriz Catalina II o el príncipe Alberto sobre la reina Victoria I). De otro lado, en general, se trata despectivamente a las mujeres con influencia política sobre los gobernantes, presentándolas como propiciadoras de la debacle y/o la decadencia de varias naciones (como cuando se responsabiliza a las concubinas del harén en China o a las amantes reales en Francia de las crisis sociales de sus respectivos países).
Siguiéndose, entonces, la premisa individual liberal, un presidente (o cualquier funcionario público electo) jamás, nunca jamás, debería ni siquiera consultar con su esposa las decisiones gubernamentales, habida cuenta que dicha señora no fue electa para el ejercicio de esa función (¿y los colaboradores, asesores, consejeros, ministros y demás funcionarios gubernamentales si lo fueron?).
A todas luces, en una pareja con equidad de género, que no atiende a la rígida división de roles maritales, las decisiones en la relación serán tomadas, cuando menos, de forma consulta. Y en un matrimonio equitativo, en donde una de las partes ejerce una función pública, el ejercicio político mínimamente podría pasar, aunque sea, por una nimia consulta (sobre todo si la pareja es políticamente activa, capaz y/o profesional). Ello no tendría que ser tomado de forma negativa, ni mucho menos satanizado (indudablemente algunas y algunos hablaran de cierta forma de nepotismo al tenerse a la esposa como “asesora”, pero otro tanto habría que decirse cuando dicha “asesoría” se brinda de manera no remunerada).
 
3. Caricatura de Carlin sobre el presidente Humala.
Lamentablemente vivimos en una sociedad conservadora, patriarcal y machista, que considera que la labor de una mujer, cuando esposa de un funcionario público, es meramente decorativa y protocolar. En esta línea, la esposa del presidente peruano, al no responder a las exigencias conservadoras, patriarcales y machistas, es vapuleada y hasta ninguneada (y ojo, no es que este validando ciertos excesos de la “primera dama”, como cuando trata de “mis ministros” a los ministros de estado, pero si me resulta excesivo que se recrimine acremente a la esposa del presidente, por ir en representación de su esposo a un acto político gubernamental). Mientras tanto, un varón, cuando funcionario público, que trata a su mujer como a su igual (como el presidente Humala a su esposa Heredia), es prácticamente convertido en el hazmerreír de todas y todos.
Sin lugar a dudas, quienes cuestionan acríticamente la colaboración de una persona con el quehacer político de su cónyuge, revelan, en gran medida, una verdadera chatura mental en relación a lo que significa la equidad de género, el ejercicio democrático del poder y la función pública. Y mientras esta visión reaccionaria perdure, jamás habrá verdadero progreso en nuestras sociedades.
Se despide su amigo uranista. 
Ho. 

Imágenes.
1. Imagen tomada de: revistamyt.com
2. Imagen tomada de: definicionabc.com
3. Imagen tomada de: larepublica.pe

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